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La contratación pública es un elemento clave para el cumplimiento de los ODS, en especial la meta 12.7 sobre consumo y producción sostenibles. Su impacto económico es significativo, representando un 14% del PIB en Europa y un 20% en España, y es fundamental para impulsar estrategias sostenibles en el sector privado que conforman la mayor parte del tejido empresarial en Andalucía. La normativa europea y española, a través de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP), ha incorporado criterios ambientales y sociales en la contratación pública, aunque su aplicación presenta desafíos debido a la falta de alineación entre la información requerida por la administración y la divulgada por las empresas. Paralelamente, la normativa de reporte de sostenibilidad ha evolucionado con la Ley 11/2018 y la Directiva CSRD (2022/2464), que obliga a las empresas a reportar su desempeño en sostenibilidad y el de su cadena de valor. Esto impactará indirectamente a muchas empresas, que deberán suministrar información a sus socios comerciales. La falta de integración entre estos sistemas genera ineficiencias y pérdida de oportunidades para acceder a contratos públicos. Para abordar este problema, se plantea en este proyecto desarrollo de una herramienta que ayude a las pymes andaluzas a evaluar su alineación con los criterios de compra pública sostenible y aumentar sus posibilidades de contratación con la administración.