La iniciativa de fundar Consulegis Abogados fue liderada en el 2002 por Xavier Castro Muñoz y seguida por Carlos Cortaza Vinueza, Gonzalo Jaramillo Loaiza, Carlos Martínez Viteri y Fabrizio Peralta Díaz.Tras diecisiete años de servicios, Consulegis Abogados ha sido incluida varias veces en los "rankings" de Chambers y Legal500, que son los más destacados directorios de servicios jurídicos a nivel mundial. Consulegis Abogados cuenta con diez socios, tres asociados, oficinas en Guayaquil y Quito, y un equipo de medio centenar de personas distribuidas entre el personal jurídico y administrativo.A la fecha, Fabrizio Peralta-Díaz se encuentra en goce de licencia por estar desempeñando un cargo en la función pública.

Ha ingresado en calidad de profesor de Derecho Civil 2 en el período académico ordinario I-2023.La asignatura que imparte tiene como objetivo que los alumnos, una vez finalizado su ciclo de estudios, puedan: (a) Conocer cabalmente las diversas clasificaciones que la ciencia jurídica les ha dado a las cosas a través del derecho positivo y la doctrina; (b) Identificar el régimen aplicable a los bienes de propiedad del Estado y, a la par, conocer de manera a lo menos elemental, cuáles son las distintas formas jurídicas que posibilitan la explotación de tales bienes por parte de las personas de derecho privado; y, (c) Determinar cuáles son los elementos constitutivos del dominio (el derecho real por excelencia), las facultades que éste le confiere a sus titulares, las restricciones que lo pueden afectar y los diversos modos de adquirirlo.

La Institución de Resolución de Conflictos de Blockchain y Tecnología, IBT, es el primer centro de arbitraje latinoamericano enfocado en disputas de contenido jurídico-tecnológico. Tiene su sede en Ciudad de Panamá, República de Panamá. Fue designado como árbitro especializado en tecnología para el quinquenio 2022 - 2027.

El Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Quito, uno de los más prestigiosos de Ecuador, presta sus servicios como alternativa confiable, independiente y ágil para la resolución de los conflictos en materia comercial que son sometidos al conocimiento de sus árbitros. El Directorio de la Cámara de Comercio de Quito, en la sesión celebrada el 11 de septiembre del 2012, le designó árbitro del CAM.A la fecha, Fabrizio Peralta-Díaz se encuentra en goce de licencia por estar desempeñando un cargo en la función pública.

IJ Editores es parte de IJ International Group, una empresa argentina especializada en brindar herramientas jurídicas a abogados, empresas, instituciones y poderes públicos, docentes y estudiantes de ciencias jurídicas. En su campo, es pionera en el uso de las nuevas tecnologías aplicadas al Derecho.IJ Editores cuenta con una completa y actualizada base de datos de jurisprudencia, legislación y doctrina sudamericana en todas las áreas del Derecho, que se despliega a través de una potente plataforma web. Ha firmado más de 200 convenios con entidades jurídicas y universidades latinoamericanas. A la fecha, IJ Editores tiene presencia, también, en Bolivia, Chile. Colombia, Perú, Paraguay y Uruguay. A través de mi designación como representante académico, IJ Editores propone instalarse en el mercado ecuatoriano para contribuir a la difusión de su legislación, jurisprudencia y doctrina.

Ingresó en calidad de profesor ocasional de Derecho Civil Bienes 1 (Derechos Reales) en el semestre A 2011; cátedra que impartió de manera ininterrumpida durante dieciséis semestres continuos. La asignatura que impartió tenía como objetivo que los alumnos, una vez finalizado su ciclo de estudios, pudiesen: (a) Conocer cabalmente las diversas clasificaciones que la ciencia jurídica les ha dado a las cosas a través del derecho positivo y la doctrina; (b) Identificar el régimen aplicable a los bienes de propiedad del Estado y, a la par, conocer de manera a lo menos elemental, cuáles son las distintas formas jurídicas que posibilitan la explotación de tales bienes por parte de las personas de derecho privado; y, (c) Determinar cuáles son los elementos constitutivos del dominio (el derecho real por excelencia), las facultades que éste le confiere a sus titulares, las restricciones que lo pueden afectar y los diversos modos de adquirirlo.La materia estaba contenida en cinco unidades y se impartía en el tercer ciclo de la Carrera de Derecho, esto es, en el primer semestre del segundo año de estudios. Como apoyo a su labor docente, diseñó una especie de manual cuyo único mérito —si es que tuvo alguno— consistía en desarrollar los contenidos de toda la asignatura de forma sinóptica, para así facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y maximizar las horas de docencia. Basado en la mejor doctrina disponible, así como en las clásicas enseñanzas de los afamados juristas chilenos Arturo Alessandri Rodríguez, Manuel Somarriva Undurraga y Antonio Vodanovic Haklicka, este manual, que es gratuito, se convirtió en una herramienta de uso común incluso para los estudiantes que cursaron idéntica asignatura con otros docentes de la misma Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

El Consejo Directivo de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas le designó miembro de la Comisión Académica de la Carrera de Derecho para el área de Derecho Civil y Derecho Social. Como integrante de este organismo, le correspondió ser partícipe de la revisión de la propuesta de la nueva malla curricular que fue elaborada por la Dirección de Carrera, previo a su presentación y aprobación por parte del Consejo Universitario como máximo organismo de gobierno y administración de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. La Comisión Académica de la que entonces fue parte, trabajó de manera mancomunada y exitosa con las autoridades universitarias en el proceso de acreditación de la modalidad presencial de la Carrera de Derecho ante el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES). Adicionalmente, los docentes que la conformaron dejaron lista una propuesta para la implementación de los módulos de nivelación con el objetivo de preparar a los estudiantes para rendir el Examen Nacional de Evaluación de la Carrera de Derecho (ENEC).

Por decisión del Consejo Directivo que estuvo presidido por Francisco Alarcón Alcívar, fue designado director jurídico de la Cámara de Industrias de Guayaquil, cargo que también desempeñó durante el primer período de la presidencia de Caterina Costa de García. Esta función, que la compaginó con el libre ejercicio de su profesión en Consulegis Abogados, conllevó asesorar legalmente a todos los estamentos del mencionado gremio, que es uno de los más importantes y representativos del Ecuador. Por ende, le correspondió absolver las consultas de carácter legal que eran planteadas por el Consejo Directivo, el Comité Ejecutivo, la Presidencia y la Vicepresidencia Ejecutiva, así como preparar informes y otros documentos de orden jurídico relacionados con las actividades habituales de la institución.Renunció a sus funciones en diciembre del 2018.

Le correspondió impartir la asignatura Estructura Institucional y Organización Administrativa del Estado, que tenía por objeto brindarles a los cursantes una visión esquemática y práctica, desde la perspectiva jurídica, de los poderes públicos, sus atribuciones y de la organización territorial del país conforme al marco constitucional ecuatoriano. Las sesiones que condujo como docente del Programa de Gobernanza y Liderazgo Político, tuvieron lugar durante los años 2014 y 2015 en las sedes que el IDE mantiene en Guayaquil y Quito. Fue, por ende, profesor de las promociones XII, XIII, XIV y XV, entre cuyos integrantes figuran destacados funcionarios públicos y privados con muy alta preparación académica y reconocida trayectoria en sus respectivos ámbitos de labor.

Durante los años 2012 y 2013 se desempeñó como facilitador o guía del módulo de Derechos y Deberes Sociales, dentro del Programa "Formando Líderes para la Transformación" organizado por la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) y auspiciado la antigua Corporación Andina de Fomento (CAF), que luego pasó a denominarse Banco de Desarrollo de América Latina.Esta experiencia enriquecedora le permitió entrar en contacto con líderes provenientes de varios estratos sociales y diferentes oficios, poseedores de visiones distintas y representantes de diversos conglomerados anhelantes de cambio, pero todos ellos unidos en el afán de contribuir al desarrollo del Ecuador.

Sin dejar de lado la práctica libre de la abogacía, durante casi ocho años se desenvolvió de forma coetánea como Asesor Jurídico de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Al cargo accedió por designación del Directorio que entre el 2004 y el 2006 presidió el señor Eduardo Maruri Miranda, aunque fue luego ratificado, durante cuatro años (2006 – 2010), por los sucesivos Directorios presididos por la señora María Gloria Alarcón Alcívar y, posteriormente, por el señor Eduardo Peña Hurtado. A finales de junio del 2011 presentó su renuncia irrevocable para así concentrar sus esfuerzos en el ejercicio profesional en Consulegis Abogados. Sus funciones fueron las que usualmente ejerce el abogado de un gremio, ya que emitió criterios e informes jurídicos sobre todo tipo de consultas emanadas por el Directorio, la Dirección Ejecutiva, la Presidencia y hasta de las diversas direcciones o departamentos que lo conforman. Particularmente, se le confiaba la revisión y redacción de aquellos convenios o contratos relevantes mediante los cuales la institución contraía obligaciones con entidades públicas y privadas. Bajo su responsabilidad directa se hallaba también la supervisión legal de los procesos de contratación del personal; la defensa en varios juicios de índole laboral; y, además, por tratarse de una función de confianza, en varias ocasiones asumió, de forma transitoria, la Dirección Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Guayaquil, lo que comportaba el ejercicio de su representación legal, judicial y extrajudicial, en los términos de su Estatuto.

Uno de sus socios en Consulegis Abogados, Roberto González Torre, fue llamado por el presidente Alfredo Palacio González para ejercer las funciones de Subsecretario General Jurídico de la Presidencia de la República; cargo que luego fue elevado al rango de Secretaría de Estado. En ese contexto, el doctor González le invitó a colaborar con él como asesor de ese despacho y, en dicha calidad, le correspondió realizar estudios y preparar complejos informes en el ámbito del Derecho Público que, a la postre, sirvieron de fundamento jurídico para la expedición de los decretos ejecutivos que suscribía el Presidente de la República.

Al retornar de su estancia de estudios de maestría en España, fue invitado por la Universidad del Pacífico para que se integre como docente de la Facultad de Derecho, en Guayaquil. Tuvo a su cargo las cátedras de Derecho de Familia 1 y Derecho de Familia 2, lo que constituyó su primera experiencia como profesor universitario.

En el año 2001 fue propuesto como ayudante de cátedra de Derecho Procesal Civil por el doctor Ernesto Salcedo Verduga (+), profesor titular de la asignatura, en mérito a las altas calificaciones que en ella obtuvo durante sus años de estudios universitarios de grado. Una vez designado, fueron varias las oportunidades en que reemplazó al titular de la cátedra en la conducción de las clases y, de esta manera, fue adquiriendo sus primeras experiencias en el campo docente a lo largo de dos semestres académicos.Dejó la ayudantía poco tiempo antes de comenzar sus estudios de maestría en España.

El Estudio Jurídico Romero Menéndez es una tradicional firma legal guayaquileña fundada en 1931. Ha sido una excelente escuela profesional en la que se han formado varias generaciones de abogados, que hoy en día se distinguen en su práctica jurídica a nivel local y nacional. Al Estudio Jurídico Romero Menéndez ingresó como pasante del doctor Nicolás Parducci Sciacaluga, que se desempeñó con notoria probidad como Procurador General del Estado y a quien conoció como profesor de Religión en su último año de bachillerato en el Colegio San José – La Salle. No obstante, durante los casi siete años que permaneció como colaborador de este despacho, tuvo la oportunidad de trabajar a las órdenes de varios de sus integrantes, entre ellos: Emilio Romero Parducci, Xavier Castro Muñoz, Carlos Cortaza Vinueza y Emilio Mackliff Elizalde.A lo largo de esta importante fase formativa, adquirió los fundamentos esenciales e imprescindibles para ejercer la abogacía bajo elevados parámetros éticos y de excelencia profesional, concentrados siempre en la mejor defensa y patrocinio de los intereses de los clientes. Tuvo la oportunidad de practicar tanto en el ámbito del litigio, más que nada en asuntos de carácter civil, como en lo relacionado con el Derecho Corporativo o Empresarial, lo que comprende, entre otros aspectos, la asesoría en temas de Derecho Societario, Derecho Laboral y Derecho Contractual.

Su período en la Corte Suprema de Justicia se inició precisamente por su vinculación laboral con el Estudio Jurídico Romero Menéndez, toda vez que uno de sus principales socios, el doctor Héctor Romero Parducci (+), en 1997 fue designado Presidente de ese alto tribunal, que hoy se denomina Corte Nacional de Justicia.Con tan solo 21 años de edad, fue un gran reto aceptar la propuesta de trabajo del doctor Romero. No obstante, permaneció en el cargo durante cuatro meses porque aún no había concluido sus estudios universitarios.Como Ayudante Judicial recibió diferentes encargos de carácter confidencial, pero que básicamente estaban vinculados con el análisis jurídico de los distintos y complejos juicios cuyo conocimiento, en razón del fuero, eran de competencia exclusiva del Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Tales procesos judiciales tenían gravitante incidencia en la vida pública del país y eran motivo de seguimiento por parte de los medios de comunicación. Con los estudios y resúmenes que elaboró ―y que se sumaban a los de un reducido, escogido y muy experimentado grupo de asesores personales― el Presidente de la Corte sumaba elementos para formar su criterio y decidir lo legalmente procedente en dichas causas.

El doctor Ottón Morán Ramírez, quien años después se desempeñó como ministro de Educación del Ecuador, fue designado, en 1994, director académico del Colegio San José – La Salle. En ese contexto, el doctor Morán le invitó a trabajar con él en calidad de secretario de la Dirección Académica; cargo que desempeñó durante un año lectivo. A lo largo de ese período, adquirió conocimientos en el campo del control de la gestión académica del profesorado y del seguimiento a los planes de estudio de las distintas asignaturas impartidas en todos los cursos de la entonces denominada "enseñanza media", que abarcaba seis años de estudios a cargo de unos 25 profesores de gran nivel.